La Ministra de Empleo, Fátima
Báñez, presentó el pasado 26 de octubre en el Consejo de Ministros tres
informes de cifras de la Seguridad Social sobre la jubilación, e insta a
endurecer sus condiciones de acceso, tanto a jubilación parcial como
anticipada. Según la Ministra estas dos modalidades cuestan 10.000 millones al
Estado.
En España hay 382.900 jubilados
anticipados, con una pensión media de 1.356 euros al mes. Un total de 7.288
millones para la Seguridad Social.
El Gobierno ha calculado un
déficit para este año de 10.500 millones de euros, por el cual le ha llevado a
elaborar esta propuesta para limitar el acceso a estas modalidades de
jubilación.
El Ministerio de Empleo enviará
esta semana a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo esta propuesta para
intentar consensuar allí, entre todos los grupos parlamentarios, las novedades
legales en materia de prejubilaciones.
Báñez criticó la diferencia de
edad en el acceso a la jubilación parcial, fijada en 61 años, frente a los 63
de las jubilaciones anticipadas voluntarias, así como la diferencia entre
periodos de cotización, 30 años de cotización para la parcial y 33 para la
anticipada. Incluso se ha propuesto liderar la eliminación total de la jubilación
parcial.
Además, el secretario de Estado
de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentará al Pacto de Toledo, nuevos
incentivos para que los trabajadores sigan en activo más allá de la edad legal
de jubilación, fijada en los 65 años, compatibilizando el salario de un empleo
y la pensión.
Ref.: Cinco Días
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