El gobierno concederá un crédito de 35.000 millones de euros a autonomías
y municipios para que paguen a sus proveedores, pero el sistema establece que
cobrarán antes aquellos que acepten un descuento sobre sus facturas.
Las grandes compañías
constructoras ya se han quejado del sistema de quitas sobre las facturas que
propone el Gobierno para los que quieran cobrar en un primer turno, pero son
grandes corporaciones que tienen suficiente cajón para aguantar ya sea el
descuento o la espera que les garantice el total de la factura.
Quienes no tienen ningún cajón y día
a día parecen ahogados son las PYMES y los autónomos. A ellos el anuncio del
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro asegurando que los ayuntamientos
españoles pagarán una deuda histórica de 32.000 millones esconde una trampa.
Temen que el sistema de quitas forme parte de un plan perverso.
“Es como si estas ahogándote en
medio del mar y de repente te ofrecen un salvavidas, te alegras, pero luego te
dicen que para tirarlo tienes que cortarte un brazo”, asegura el portavoz de la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y secretario general de la
Patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Antonio Cañete.
“Desde la Plataforma y las organizaciones
patronales, no podemos aceptar de entrada las quitas”. “Igual que nosotros no
podemos dejar de pagar el IVA, la Administración no puede hacer quitas”, añade.
En su opinión, el sistema “se
puede convertir en una subasta a la inversa y provocar un efecto perverso en el
que muchas PYMES y autónomos pueden desaparecer”. “Aunque habrá empresas que preferirán
respirar antes que comer”.
La ATA canaria apoya cualquier solución.
El vicepresidente de la ATA en
Canarias, Francisco Gómez, admite que la situación es tan desesperada para
muchos autónomos que “es mejor esto que quedarse sin nada”. Aunque considera “ilógico”
que se vean obligados a perdonar una parte de la deuda cuando llevan hasta dos
años pendientes de cobrar. “Nos vamos a ver obligados a ir a quitas voluntarias
o forzosas”, un sistema que “hay PYMES y autónomos que ya lo están haciendo
para poder cobrar”.
Aragón apoya con matices.
Para el presidente de la Confederación
de Empresarios de Aragón, Jesús Morte, el mecanismo es positivo y “lo reclamábamos
desde hace tiempo”, pero advierte que “un acuerdo voluntario entre una empresa
y una Administración puede ser correcto, pero no lo es forzar a los empresarios
a renunciar a un dinero que les corresponde si no quieren tardar más en cobrar
y, quizás con ello, tener que cerrar”.
El presidente de la patronal
aragonesa se muestra en desacuerdo “con la quita que se plantea para cobrar
antes porque, por una parte, ya se ha hecho una especie de quita, y bastante
importante, que es el tiempo que se tarda en pagar, cuyo coste financiero están
soportando las empresas, y por otra parte, muchas d estas empresas están en una
situación tan difícil que no podrán soportar hacer esa nueva rebaja”.
El secretario general de la Asociación
de Autónomos y Profesionales de Aragón, Álvaro Bajén ve positiva la solución
porque “obliga a los ayuntamientos a pagar”. Pero opina también que las quitas
“pueden ser perjudiciales al no poder cobrar los intereses ni cargar los gastos
accesorios y judiciales, lo que puede dificultar que el autónomo continúe con
su actividad.
Valencia no quiere ni oír hablar de las quitas.
El presidente de la empresa Cleop
(Compañía Levantina de Edificación y Obras Publicas) Carlos Turró, opina que
“no va a haber dinero para pagar a todo el mundo” y se pregunta “cómo van a
hacer la quita los ayuntamientos, con subastas?” Turró, cuya empresa está en
preconcurso de acreedores por los impagos de las Administraciones, que
ascienden a unos 60 millones, afirma que el criterio para cobrar antes debe ser
el de la antigüedad, sin quitas.
Según el portavoz de la
Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, Vicente Peiró, “eso
es inmoral, indecente, y si me apuran, hasta ilegal, porque no está prohibido,
pero en la Ley de Morosidad hay varios preceptos que contradicen la posibilidad
de quitas”.
La asociación para la Defensa de
las Empresas Acreedoras de la Administración (Adeaa) considera “intolerable que
el Gobierno propicie una suerte de subasta de la desesperación, según la cual
cobrará antes quien más angustiado y, por tanto, más dispuesto a renunciar
esté”. Se pregunta “qué confianza transmite un gobierno que establece como
criterio para priorizar el pago de sus proveedores el descuento ofertado sobre
el principal”.
En el País Vasco ven ayudas encubiertas a Bancos.
El secretario general de Unión de
Trabajadores autónomos de Euskadi, Koldo Méndez, considera que las nuevas
medidas para que, a través de los bancos, se paguen las facturas que adeudan
las Administraciones vuelve a ser una medida que beneficia principalmente a las
grandes empresas y a los bancos, Denuncia que “ ya está bien que se nos utilice
a los autónomos para que vuelvan a salir beneficiadas las grandes empresas y
los bancos con las comisiones.
Para Méndez estos pagos debían
haberse articulado a través de una banca publica o en su defecto a través del
ICO.
En Castilla y León no se lo creen.
El presidente de la Federación de
autónomos de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y
León, Javier Cepedano, cree que las Administraciones “se están aprovechando de
la situación crítica” de este colectivo.
En Castilla y León uno de cada
tres autónomos tiene pendiente algún pago de alguna administración y en algún
caso la asfixia es absoluta. Hay casos en los que empresarios que facturan
400.000 euros al año tienen pendiente el cobro de 250.000.
Capedano dice que es una
“coacción” que se obligue a aceptar quitas para cobrar antes de los
ayuntamientos.
Las grandes empresas copan la
mayor parte del volumen de la deuda, por lo que teme que si no se aprueba el
pago del montante total de la deuda, serán los autónomos los que tendrán que
asumir mayores quitas para cobrar antes que las grandes compañías.
Ávila ve quitas del 20 al 35%
Otro de los problemas que
detectan los expertos, y que se avisa desde la Cámara de Ávila es el de los
pequeños proveedores de bienes y servicios de los municipios pequeños, cuya
relación comercial no se establece a través de procedimientos reconocidos por
la Ley de Contratos del Estado, sino que se hacen verbalmente. No podrán pedir
el pago oficialmente.
También exige que las quitas se
hagan públicas para evitar que a los grandes proveedores se les dé privilegios.
Renunciar a reclamar.
Otro de los aspectos que incluye
la propuesta del Gobierno es la renuncia
reclamar vía judicial de todos aquellos empresarios que opten a cobrar
mediante el nuevo sistema.
Para el director de la Cámara de
Comercio de Madrid, Miguel Garrido, “preocupa una medida de este tipo, ya que
las empresas han cumplido unos servicios y las Administraciones se han
comprometido a pagar. No parece razonable que ahora se aplique una quita.
Primar a los que se avienen a aplicarlo penaliza a los que no están dispuestos
a hacerlo y están en su legítimo derecho”.
“Sobretodo porque hay empresas
que no pueden hacerlo, como los intermediarios, que cobrarían menos de lo que
han pagado ya”.
Ref.: ElEconomista
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