Las medidas aprobadas por el Gobierno y publicadas en el BOE el pasado sábado 17 para la creación del nuevo Impuesto sobre el Patrimonio para 2011 y 2012 pueden ser modificadas por las comunidades autónomas, que tienen la competencia actualmente, lo que supone que todo puede quedar en un simple manual de orientaciones.
El portavoz de los Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, ha aproximado una recaudación final de unos 500 millones de euros, frente a los 1000 millones previstos por el Gobierno con el mínimo a partir de 700.000 euros.
La recaudación del Impuesto superó ligeramente los 400 millones en los años previos a su hibernación. Las autonomías deberán estudiar ahora si mantienen su propia exención, modifican sus legislaciones o las mantienen como están. Además, País Vasco y Navarra deberán aprobar el impuesto en sus respectivas leyes forales, y Cataluña ya ha anunciado su intención de bonificarlo.
De la Torre puntualiza que “tener dos pisos en Madrid no son las grandes fortunas”. Madrid, en concreto, decidió imponer una exención sobre el impuesto del 100% el 2002, lo que supone que, a pesar de que el Gobierno haya levantado la exención general, en esta comunidad no habrá recaudación alguna.
En 2008, en el momento en que se decidió la hibernación del tributo, nueve comunidades autónomas habían aprobado sus propias leyes del Impuesto sobre Patrimonio. Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia.
La cifra mínima a partir de la cual afecta el impuesto está en 120.000 euros en el caso de Baleares y Canarias, 150.000 en Cantabria y Valencia, y 112.000 en Madrid. Los mínimos en Galicia y Cataluña se sitúan en 108.200 euros.
También es preciso tener en cuenta la gran cantidad de deducciones y bonificaciones incluidas por las comunidades autónomas en sus respectivas normativas, lo que hace muy difícil establecer un baremo general de recaudación.
Ref.: eleconomista.es
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