Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.
En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.
El regulador del FROB comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.
El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante.
Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y religioso" empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés. Tan solo dos días antes de su despido, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas, como le pidió su amigo Camps.
Los administradores del FROB no pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.
Al mismo tiempo se supo que el ex director general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad, que también se llevó su parte correspondiente.
López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la dirección general de la CAM desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo.
El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Amorós asumió el reto de conducir la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio privado salvador.El informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato millonario con la CAM y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.
Ante tantos indicios de actuación fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es inevitable.
También la Fiscalía Anticorrupción, en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención, la Fiscalía ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos, que el ministerio público mantiene congeladas.
La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria. Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.
Joaquín Meseguer (eX director general de Participaciones)
El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM, cargo al que accedió en mayo de 2007, fue nombrado más tarde presidente de la empresa Crédito Inmobiliario, que la caja compró en México para financiar la construcción de 25.000 viviendas. Fue uno de los altos cargos pionero en desvincularse de la entidad por la vía de la prejubilación anticipada. Se estima que ha recibido dos millones de euros.
Vicente Soriano (Exdirector de Recursos Humanos) El exdirector de Recursos Humanos de la caja era un hombre de la máxima confianza del ex director general, Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General de la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una indemnización de 1,5 millones de euros.
Agustín Llorca (Ex director general adjunto) Asumió el cargo de director general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a María Dolores Amorós, cuando esta iba a ser la directora general. El paso de Llorca por ese puesto fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco del Banco de España en la CAM, se apuntó al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación de dos millones de euros.
Gabriel Sagristá (Ex director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante) Ocupaba el cargo de director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante. En 2002 fue director de Explotación de la caja. También se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado mes de marzo y logró una indemnización de 1,5 millones de euros.
Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM) El exconsejero de la CAM llegó al cargo desde el trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992 y 1997. Accedió a la CAM en 2006 a propuesta del Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz Alperi, del PP. La propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente provincial del PP hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero obtuvo préstamos blandos por 47,5 millones en cuatro años.
Roberto López Abad (Ex director general de la CAM) El ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad acogiéndose al ERE impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha reportado una indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de euros. No ha dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores Amorós, hasta la intervención del FROB.
Ref.: El País
